Cultura política y legitimación misógina

Los fines de las cuotas de género no se han cumplido y quizá no se han entendido todavía. A pesar de que hay más mujeres que hace dos décadas en puestos de elección popular, las condiciones son inequitativas en la mayoría de los procesos electorales.

Muchas democracias constitucionales a través del mundo han hecho en las últimas décadas serias reflexiones acerca de la necesidad de establecer condiciones equitativas para el acceso al poder político de las mujeres. Esos procesos se han concretado en cambios legislativos, en modificación de formas de organización partidista, y en cambios —lentos, pero irreversibles— en la cultura política de sus sociedades. En España, Costa Rica o Argentina los índices de mujeres en puestos de elección popular han aumentado sustantivamente. En México esa reflexión tuvo su momento clave en el establecimiento de las cuotas de género en el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (COFIPE). Sin embargo, como en muchos otros ámbitos de la vida, la legislación no modifica la cultura ni las prácticas. La inequidad de género sigue formando parte de la política en nuestro país, y reproduciendo ideas de pensamiento —que son de fondo mitos de legitimación de la discriminación, del machismo y de la misoginia—, y que justifican la enorme desigualdad que vivimos en este terreno. Entre las principales expresiones de legitimación —muchas veces inconscientes y normalizadas— de misoginia entre los actores de la clase política son que “Es vital que las mujeres sean pilar de las familias, el ritmo de la vida política es muy difícil para ellas. Ya existen las condiciones necesarias para que accedan al poder”. O que “sus características emocionales van en contra de la racionalidad política. No mejora nada el país si hay más mujeres en política. La verdad, no tienen experiencia, y de hecho no hay de dónde sacar candidatas. Ellas mismas legislan en contra de las mujeres. Tienen agendas monotemáticas, hay pocos temas en política que sean de su interés. Ya tienen el control de lo privado. El contexto actual es muy complejo para ellas. Son eficientes y operativas, excelentes como mandos medios…”. Etc etc. El pasado 3 de julio hubo renovación de gubernaturas en tres estados y sólo hubo una candidata mujer. De nueva cuenta, las recientes elecciones son una evidencia más de la desventaja institucionalizada que viven las mujeres dentro de los partidos políticos, en donde después de 58 años de reconocimiento legal del

voto femenino en México, no se ha interiorizado la igualdad de género y persiste discriminación basada en prejuicios, estigmas y estereotipos. Las condiciones son inequitativas en la mayoría de los procesos electorales y esta desigualdad desventajosa para las mujeres en la política se refleja en una larga serie de indicadores que dan cuenta no sólo de que hay menos candidatas mujeres, también en que tienen salarios inferiores realizando el mismo trabajo que los hombres, que ocupan menos cargos directivos y no se les brindan condiciones que faciliten su desarrollo profesional, educativo y económico que les permita competir en igualdad de condiciones por estos puestos. Para que una mujer llegue ser dirigente de un partido, o candidata a un puesto de elección popular, tiene que sortear una serie de obstáculos que le hacen –en comparación con un hombre— el camino mucho más sinuoso y complicado. En casa, oficina, espacios públicos; en el acceso a la justicia, a puestos directivos y de poder, las mujeres enfrentan la carga de la prueba, que es difícil de superar: son ellas quienes tienen que garantizar que los mitos y estigmas en su contra, no son más que eso. Deben de luchar por ser respetadas en el trabajo, contra la cultura del acoso, contra la falta de compresión de sus derechos laborales como madres. Todos estos juicios a priori las sitúan injustamente en una posición de desventaja que causa desigualdades que no tienen fundamento ético ni legal. Las políticas públicas y acciones del Estado contra estas formas de desigualdad deben ser transversales y contemplar todos los ámbitos de la vida pública y privada. De lo contrario el país seguirá imposibilitado para convertirse en una nación incluyente, en donde cada persona pueda realizar sus planes de vida a través del ejercicio de sus derechos y libertades. La igualdad de género depende de una transformación cultural que incluye analizar, con apertura y precisión, las causas que generan mitos infundados, y en esta transformación las instituciones públicas, los medios de comunicación y la ciudadanía tenemos una responsabilidad ineludible. En particular, es responsabilidad de los partidos políticos fomentar con claridad y fuerza la igualdad de género, y generar las garantías necesarias. Pero como dice Michelle Bachelet, directora ejecutiva de ONU Mujeres, no es lo mismo prometer igualdad que hacerla realidad a pie de tierra. Hacia el 2012 es indispensable y obligado que este tema forme parte de las agendas de los partidos políticos y sea parte medular de los criterios con que toman las decisiones en su interior. Se requiere retomar la reflexión pública, seria y profunda, sobre la disminución de las inequidades y la construcción real de mecanismos para la igualdad, de la clase política, las organizaciones civiles, la academia, los medios de comunicación. También en este punto requerimos completar la transición. No es que las mujeres necesariamente gobiernen mejor, aunque ya hay evidencia suficiente en el mundo para saber que eso no depende del sexo de las personas, sino de sus capacidades, del contexto, de la fuerza política. Es que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Es que en México es indispensable pasar del reconocimiento de derechos a la posibilidad de ejercerlos en condiciones de igualdad. Es que con machismo y desigualdad la democracia no tiene contenido ni horizonte, no le sirve a la ciudadanía, y afecta la vida de millones de personas todos los días.

Es que no se puede legitimar la discriminación, la injusticia, ni La ilegalidad. Ni se puede aceptar que la democracia electoral sea un mecanismo de desigualdad, y de representación parcial de la sociedad.

Ricardo Bucio Mújica*

Nota tomada de TODAS MILENIO No. 46